En ABC Color, la ley no se cumple de grado, sino por coerción. Esto lo prueban no solo las 80 cartas que, desde setiembre de 2010, enviara Camilo Soares a la dirección del medio y que no han sido publicadas, sino también el notorio retraso en la publicación de una carta que enviara el Ministro con permiso de la SEN al Director del Diario ABC Color debido a una publicación tendenciosa aparecida en el Suplemento Judicial del lunes 23 de enero.

Se necesitaron 15 días de retraso y una acción judicial para que el Sr. Aldo Zuccolillo se digne a acatar la ley vigente y cese la censura a la misiva de Soares. Todo un ejemplo de periodismo serio y comprometido con la democracia.

Yo, Camilo Ernesto Soares Machado con C.I 2.193.104 me dirijo a usted con el objetivo de solicitar la publicación de la presente carta EN EJERCICIO DE MI DERECHO CONSTITUCIONAL A RÉPLICA debido a una publicación falsa y tendenciosa aparecida en el Suplemento Judicial que acompaña a la edición de su diario del día 23 de enero titulada “Corte tiene última palabra en caso de desalinizadoras” que para hacer honor a la verdad, y por tratarse de información que pude perjudicar y dañar mi imagen, debe ser adecuadamente aclarada.

Su diario, por intermedio de la “periodista” Griselda Centurión, emprende una vez más su cruzada por la investigación perpetua a Camilo Soares. En esta ocasión lo hace pretendiendo enterrar la minuciosa pesquisa que sobre el caso hiciera el fiscal Arnaldo Giuzzio, para así (contrariamente a los dictados del sentido común y del Derecho Procesal más básico) someterme a un doble procesamiento judicial  por un mismo supuesto.

Así, y como único respaldo concreto a la deleznable postura de su medio, su inefable escriba me acusa, nada más y nada menos, que de pretender archivar la investigación fiscal acerca de las famosas “plantas desalinizadoras” y de las asistencias realizadas en el marco del operativo Chaco Oikoteve Ñanderehe, sin contar en su relato con innumerables elementos que prueban que el pedido de mi defensa se ajusta a derecho desde todo punto de vista.

La “línea argumental” (hay que ponerle un nombre, ¿no?) de la “periodista” Griselda Centurión se centra en la minimización, cuando no negación simple y llana, de las diligencias investigativas realizadas por el fiscal Arnaldo Giuzzio en las “desalinizadoras” de Tte. Irala Fernández y Villa Choferes del Chaco. Este argumento pretende pasar bajo cuerda los siguientes hechos:

•             Los diputados de Patria Querida Carlos Soler y Sebastián Acha ya denunciaron supuestas irregularidades en la gestión de los fondos para la construcción de las llamadas “plantas desalinizadoras” el 9 marzo de 2010 _cuestión que es conocimiento de los responsables y periodistas del área jurídica del Diario ABC Color.

•             Ese mismo día, el fiscal Arnaldo Giuzzio remitía al Presidente de la OPACI, Sr. Basilio Núñez, una solicitud de informe acerca de la gestión de dichos fondos por parte de tal organización no gubernamental, según obra en los registros de la Causa Penal Nº 6523/ 09, como oficio Nº 94.

•             El día 11 de marzo de 2010 el fiscal Giuzzio remite a la OPACI una nota en la que se explicita la constitución de una comitiva fiscal en sus oficinas, según obra en los registros de la Causa Penal Nº 6523/ 09 como oficio Nº 100.

•             El día 15 de marzo de 2010 el fiscal Arnaldo Giuzzio me envía una nota del mismo tenor que la remitida a la OPACI, por la que se dispone la constitución de una comitiva fiscal en el local de la SEN, según obra en los registros de la Causa Penal Nº 6523/ 09 como oficio nº 109.

•             El mismo día, el fiscal Giuzzio reconoce como necesario el recabar información y obtener documentación acerca de las obras de las desalinizadoras, y toma las medidas para hacerlo, según obra en los registros de la Causa Penal Nº 6523/ 09  mediante Resolución Nº 11.

•             El día 15 de marzo de 2010, la OPACI y su Presidente Basilio Núñez, contestaron con detalle al requerimiento fiscal acerca de la gestión de dichos fondos, según obra en los archivos fiscales correspondientes bajo el orden de nota Nº 304/ 2010.

•             El 25 de marzo de 2010, y como prueba patente de que el fiscal Giuzzio y su unidad investigaban a profundidad a las llamadas “desalinizadoras”, se solicita la ayuda técnica de la Unidad de Delitos Ambientales para el análisis de los documentos presentados por la SEN y la OPACI, según obra en los registros de la Causa Penal Nº 6523/ 09 como oficio Nº 125.

•             El 9 de abril de 2010, el fiscal Arnaldo Giuzzio solicitó informes acerca de los planos de construcción de la “planta desalinizadora” en Villa Choferes al Intendente de Mariscal Estigarribia.

•             El mismo día, el fiscal Giuzzio recibe la nota del Director de Delitos Ambientales, Daniel Aguadé, en la que se responde con un detallado informe a la solicitud remitida a dicha dirección en 25 de marzo, según obra en los registros fiscales como nota Nº 287/ 10.

•             El 13 de abril de 2010, el Intendente de Mariscal Estigarribia contestó la nota fiscal exponiendo las características de la obra y dando a conocer que la misma fue declarada de interés municipal por la Junta local, según obra en los registros fiscales como nota Nº 65/ 2010.

•             El 15 de abril de 2010, en el acta de imputación fiscal, se hace constar que el 10 de marzo del mismo año se constituyó una comitiva fiscal, encabezada por el Arquitecto Juan Alberto Duré, en las obras de las “desalinizadoras” en Villa Choferes y Tte. Irala Fernández.

Como se puede ver, son demasiados elementos los que indican que en la Causa Penal Nº 6523/ 09 se realizaron actos de investigación (lo que significa que se investigó) como para afirmar que lo que se busca es, sencillamente, archivar una causa sin investigarla. La verdad  jurídica y procesal es que el Ministerio Público realizó actos concretos de investigación respecto de las “desalinizadoras” y en oportunidad de presentar su requerimiento conclusivo,  al no encontrar elementos suficientes para presentar acusación, guardó silencio, lo que procesalmente, representó  una falta de acusación por parte del Ministerio Público, respecto de ese punto de la acusación, cuestión que trae como consecuencia la imposibilidad de re investigar, por preclusión de la Etapa Preparatoria. Esta es la verdad Procesal y jurídica de cuanto ocurrió en la investigación, y que se encuentra debidamente documentado en la Carpeta Fiscal correspondiente.

La verdad es, también, que los diputados Carlos María Soler y  Sebastián Acha, que denunciaran por los mismos supuestos a mi administración en lo que respecta a las obras en las “desalinizadoras”, pretenden con su nefasto actuar instrumentalizar a la Justicia en orden a sus venales intereses políticos. Esto se debe al fracaso, por las razones expuestas presentemente,  de la primera denuncia que presentaron por la cuestión de las “desalinizadoras”.

Y tal instrumentalización no solo es malintencionada sino torpe, sino que pretende basar la denuncia presentada recientemente en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, la cual no encontró indicios siquiera de hechos punibles tras  un análisis exhaustivo de la documentación relativa a las llamadas “desalinizadoras”. De haberlo hecho, tal como consta en la propia Ley Orgánica de la CGR, la instancia debería haber remitido  de oficio al Ministerio Público  el Reporte de Indicios de Hechos Punibles a los efectos correspondientes.

Si el informe final del examen realizado por la Contraloría General de la República, detectaba indicios de hechos punibles, porque no se realizó la remisión del reporte correspondiente? La respuesta es porque el informe final, no determina la existencia de indicios de hechos punibles.

Otras cuestiones que reflejan los intereses oscuros de los diputados Carlos María Soler y Sebastián Acha, es el tiempo en que tardaron para acercar al Ministerio Público, el informe de la Contraloría, que según ellos es el que indica la existencia de hechos punibles.  ¿Por qué tardaron seis meses estos ilustres diputados en acercarse al Ministerio Público? ¿Por qué presentaron su denuncia en vísperas de Navidad? ¿Por qué un día después del regreso del periodista Jorge Torres a su diario?

Es sumamente llamativo un tratamiento como el presente en una revista que, pretendidamente, está especializada en derecho y temas judiciales y que no aborda la noticia con referencias puntuales a la verdad de la Carpeta Fiscal y el expediente judicial. ¿Quiénes son los responsables por el contenido jurídico, legal y procesal de las publicaciones? ¿Lo son acaso profesionales en el área penal, administrativo, procesal?

Tal tratamiento conlleva la sospecha que el mismo forma parte de un nuevo esquema persecutorio, similar al aplicado al iniciarse mi causa por su medio y los diputados Carlos María Soler y Sebastián Acha. En efecto, una publicación tan amplia como la que me dedicara el suplemento judicial exige un mínimo de seriedad en el tratamiento de las fuentes y en el propio proceso de recabar información. Esto, evidentemente, no se hizo ni se tuvo remotamente en cuenta. No se me ha consultado para brindar mi parecer, ni se ha consultado a mis abogados, simplemente se ha escrito torpe e irresponsablemente.

No es la primera vez que su medio tiene tal irresponsable y malintencionado tratamiento en mi caso, pues de hecho una de las técnicas de su equipo redactor es (como lo ha demostrado nuevamente con el artículo que nos ocupa) el manipular fotografías y acápites para ofrecer una realidad distorsionada a sus lectores. También es uso común en su medio (como ya propios miembros de su equipo de redacción de han comentado) el otorgar enervantes privilegios a aquellos que consienten, desechando la ética periodística, el embarcarse en este tren de calumnias y mentiras en contra de los adversarios ideológicos de su línea editorial. Así, señor Zuccolillo, no se hace periodismo serio sino mafia. O si no nada más pregunte nada más al bueno de Jorge Torres, periodista mimado del Sr. Armando Rivarola.

Aguardando la publicación de la presente carta, en el plazo previsto por la ley 1262/ 87, en el propio Suplemento Judicial de su diario, como lo establece el art. 3 de la mencionada normativa, que afirma que:

“El director o responsable del medio de comunicación social, deberá publicar o divulgar íntegramente la rectificación o la contestación dentro de los tres días siguientes al de su recepción, en forma semejante a aquella en que se difundió la información rectificada o contestada, sin comentarios ni apostillas. Si la información rectificada o contestada se difundió en publicación cuya periodicidad no permita la rectificación o la contestación en el plazo expresado, se publicaran el numero siguiente”,

Y esperando ver la presente misiva asimismo publicada en las condiciones previstas por la Constitución Nacional, me despido.

Atentamente,

El Diario ABC color sigue burlando las garantías constitucionales que tenemos los paraguayos, violando una vez más el derecho a réplica y el derecho que todos tenemos a recibir información veraz y ecuánime.

El señor Aldo Zucolillo, director del diario, dejo de publicar la carta que le fue remitida a su oficina, la misma tenia la intención de aclarar el titular tergiversado y malintencionado publicado el 24 de diciembre del 2011 en el periódico.

Ante este nuevo atropello y cansado del pisoteo de mis derechos por parte del Director del diario, decidí llevar adelante  una acción judicial amparada en el artículo 28 de la Constitución Nacional y en la ley 1262/87 para hacer respetar el derecho a réplica y logrando de esta manera que usted como lector tenga la versión de todas las partes y toda la la información posible para sacar sus propias conclusiones.

Esperemos que la justicia haga cumplir al diario Abc Color la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos del Paraguay

El 10 de febrero de 2009, Camilo Soares afirmó a los medios de prensa; “Que la  ciudadanía paraguaya tiene que movilizarse, tiene que manifestarse para pedir una justicia independiente”, acoto  además “Mi opinión personal es que en este país no se van a producir los cambios necesarios si el pueblo, si la ciudadanía no es protagonista de esos cambios”, haciendo referencia a los cambios en la Corte Suprema de Justicia, que era tema de debate en aquel momento. Los Ministros, en su gran mayoría, se habían declarado inamovibles amparándose en el Art. 261 de la Constitución Nacional, para ocupar el cargo hasta los 75 años de edad.

Recordemos que el Artículo 32 de nuestra Constitución que reza sobre la libertad de reunión y de manifestación garantiza que las todas las  personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso.

Luego de estas declaraciones realizadas por Camilo Soares a la prensa, el Diputado Oviedista José López Chávez formuló las denuncias ante la Comisión Permanente del Congreso,  que decidió tras la votación, que termino en empate, y donde el Presidente de la Comisión el Diputado colorado Juan José Vázquez desempato a favor de la denuncia planteada por el diputado oviedista.

Tanto el Diputado José López Chávez, como el Diputado Juan José Vázquez, miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, utilizaron toda su influencia en este caso amenazando a los representantes del Ministerio público, de que si no tomaban cartas en el asunto se las tendrían que ver con el JEM, en directa intromisión y tráfico de influencia en otros órganos del Estado.

Las denuncias hechas a la fiscalía tenían como único objetivo claro, anular a Camilo Soares políticamente, que en ese momento contaba con más de 10 denuncias en su contra, todas ellas realizadas por políticos de la oposición. En las declaraciones vertidas a la prensa no se leen ningún atentado contra el orden constitucional, estás declaraciones apuntaban a la necesidad de realizar manifestaciones populares y ciudadanas para lograr los cambios reales en el sistema judicial.

La intolerancia de estos sectores especialmente los miembros del partido UNACE y algunos miembros del Partido Colorado dan muestras de que el pensamiento y acción  autoritaria y represora siguen siendo formas acallar voces disidentes.

La estrategia de judicializar la confrontación política ha sido una constante desde la transición democrática, esta acción se llevada adelante cuando uno de los sectores en disputa ve lejana la posibilidad de obtener un triunfo en el campo de la discusión y el debate de ideas. Pero cuando está táctica fracasa son intolerantes y  capaces de recurrir incluso a la violencia.

El poder Judicial en tiempos de democracia al igual que en los tiempos de dictadura ha sucumbido a los intereses particulares de ciertos sectores políticos y de las clases dominantes del país; la justicia se ha convertido en el privilegio de quienes puedan comprarla.

El Congreso Nacional en el 2009 presentó denuncia contra Camilo Soares por 5 causas. La Justicia ha desestimado las denuncias por: “Apología del delito, Atentado contra el órgano constitucional, Incitación a cometer hechos punibles, amenaza de hecho punibles y Coacción a órganos constitucionales”.

El 13 de Febrero de 2009 se presentó en mesa de entrada de la fiscalía, la demanda sobre los supuestos hechos punibles, que indicaban como autor a Camilo Soares.

La denuncia fue presentada por el diputado colorado Juan José Vázquez en el 2009, por mandato de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

ANTECEDENTES

Las declaraciones por las cuales Camilo Soares fue denunciado, fueron vertidas en la prensa y publicadas en el diario Abc Color el día 10 de febrero de 2009 y decían lo siguiente: “Que solo mediante una movilización popular se podrá presionar al congreso para realizar cambios en la Corte Suprema de Justicia, dijo que este sistema dará más resultados para modificar el sistema judicial y así terminar con el chantaje de algunos parlamentarios al gobierno”. (Ver Anexo 1)

La denuncia presentada por el diputado Juan José Vázquez catalogaba estas afirmaciones como un atentado contra el orden constitucional, y que Camilo Soares no podía realizar ese tipo de declaraciones por ser el un Secretario de Estado.

En otra parte de la publicación presentada como prueba en la demanda dice: “el problema de la justicia no se va resolver así como están intentando resolver. La ciudadanía paraguaya tiene que movilizarse, tiene que manifestarse para pedir una justicia independiente…” (Ver Anexo 1).

Cuando la fiscalía tomo la declaración al denunciante, Diputado Juan José Vazquez, y le pregunta si tenía conocimiento de la supuesta comisión de hechos punibles por parte de Soares, respondió que el mismo puso a consideración al pleno de la Comisión Permanente del  Congreso Nacional la denuncia presentada en la misma por el Diputado José Lopez Chavez y que la pregunta se le debía derivar al mismo.  (Ver Anexo 2)

En su declaración ante la fiscalía el diputado José López Chávez, afirmó tener conocimiento de la comisión de hechos punibles por parte de Soares a través de las publicaciones vertidas en la prensa, específicamente en Abc Color, y que el denunciado en ningún momento se retracto de sus palabras. Agregó que responsabilizaba a Soares de cualquier hecho futuro de violencia que provenga de las movilizaciones sociales en presión al parlamento. (Ver Anexo 2) ANEXO 2: Resolución por cual desestiman la denuncia

LA DESESTIMACION

El fiscal de la Causa, Marcos Alcaraz solicitó la desestimación de la denuncia el 17 de diciembre del año 2010. Afirmó que la conducta de Camilo Soares no se encuentra tipificada como hecho punible en el Código Procesal Penal, que las manifestaciones vertidas por el denunciado en la prensa son opiniones de carácter personal. (Ver Anexo 2)

El fiscal agrega que de las declaraciones de Camilo Soares a la prensa no se puede inferir existencia de hecho punible y que las mismas no tenían la intensión de incitar a que se cometan hechos antijurídicos. Por lo tanto no existen elementos para llevar la causa a juicio. (Ver Anexo 2)

El 19 de setiembre del 2011 el juez Penal de Garantía n° 2 Gustavo Amarilla Arnica firma el desistimiento de la causa presentado por el fiscal Marco Alcaraz el 17 de diciembre del año 2010. (Ver anexo 2)

Los actores políticos que presentaron la acusación, principalmente el UNACE y cierto sector de la ANR, aprovecharon el receso parlamentario, para sin el ajetreo parlamentario presentar con mayor rapidez una denuncia que no tenía ningún tipo de sustento jurídico.

Esta práctica que no tiene nada de democrática, tiene como objetivo eliminar la disidencia en cuanto a proyectos políticos y transferirlo a la esfera judicial. Aprovechando la influencia que tienen ciertos sectores en el Poder Judicial, instrumentalizando a un poder del estado para intereses políticos mezquinos

Este lunes 24 de octubre, a las 23hs por Red Guaraní canal 2, se pasara de manera integra el material de derecho a réplica que había producido para responder al programa de 1 hora de “La Caja Negra”, en donde su conductor Jorge Torres refritó mentiras que ya fueron difundidas en el diario Abc Color.

Cabe destacar que en un primer momento la dirección de Red Guaraní había accedido a emitir por el canal el material de manera íntegra.

El conflicto se originó cuando la producción del programa “La Caja Negra” editó el material de réplica de 35 minutos, dejándolo en 14 minutos. Esto constituyó un atropello a lo que establece nuestra constitución nacional.

La emisión de hoy del material de réplica, que preparé para responder a las afirmaciones sobre mi persona hechas en el programa de Jorge Torres, constituye un importante avance en la consolidación de la libertad de expresión y por sobre todo de la democracia en Paraguay.